El tercer conjunto de medidas está relacionado con las condiciones de la prisión domiciliaria de la expresidenta. En concreto, solicitaron el retiro de la tobillera electrónica, la eliminación de las restricciones para recibir visitas y el acceso al aire libre.
Además, reclamaron que Cristina Kirchner reciba un trato igualitario respecto de otras personas que cumplen prisión domiciliaria y denunciaron que las actuales condiciones constituyen un trato discriminatorio y degradante. También pidieron que las autoridades argentinas no responsabilicen a la expresidenta por las manifestaciones o concentraciones protagonizadas por terceros frente a su domicilio.
La defensa recordó que Cristina Kirchner agotó todas las instancias disponibles en la Justicia argentina. Tras la condena, presentó recursos de casación y extraordinario federal y, finalmente, un recurso de queja ante la Corte Suprema. Según el documento, la decisión del máximo tribunal del 10 de junio de 2025 cerró definitivamente las vías judiciales internas y habilitó la presentación de la Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.