Sobre los cuestionamientos de la oposición, Bullrich aseguró: “La soberanía está absolutamente resguardada”. Para la senadora, “el concepto de propiedad es un concepto que define nuestra Constitución. Un ciudadano que vive en la Argentina tiene los mismos derechos y las mismas responsabilidades que un ciudadano nacional. Puede comprar tierras, un departamento, una fábrica. No puede tener limitaciones porque la limitación es algo que no está dentro del sentido que la Argentina plantea como concepto. Uno no tiene limitaciones en los departamentos que posee o en las hectáreas. Es un concepto de propiedad, no de soberanía”
Además enfatizó sin ruborizarse: “La soberanía es defender lo estratégico de la Nación”. La ley que el Gobierno quiere aprobar busca eliminar los límites en los territorios donde la tierra adquiere valor estratégico. Por ejemplo, en departamentos donde la extranjerización ya supera el 40 o el 50 por ciento, como ocurre en zonas cordilleranas donde se concentran recursos estratégicos como el litio, el petróleo, los minerales críticos y los pasos bioceánicos. Además, elimina el porcentaje máximo por nacionalidad previsto en la ley vigente, un artículo que parece hecho a medida de Estados Unidos, uno de los principales países de origen de los capitales extranjeros que poseen tierras rurales en la Argentina.
Para el Gobierno libertario, los extranjeros millonarios no deberían tener límites a la hora de adquirir territorio, pero los migrantes pobres sí a la hora de acceder a los hospitales o a la educación. En la Legislatura bonaerense, Agustín Romo presentó un proyecto que propone que los extranjeros sin residencia permanente paguen por el uso de hospitales públicos y universidades provinciales. A nivel nacional, las universidades públicas ya están habilitadas para cobrarles a los estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente. El encargado de recordarlo fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien en su cuenta de X escribió: “Tras muchas consultas, aclaramos: está vigente el DNU 366/2025 sobre la autorización a todas las universidades nacionales para cobrar a estudiantes extranjeros. Los rectores están legalmente autorizados desde el 28/05/2025”.
En efecto, el decreto de Milei choca con el mismo artículo 20 de la Constitución que Bullrich invoca para defender la extranjerización de la tierra y, fundamentalmente, con la Ley de Migraciones sancionada en 2004 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Una norma con foco en los derechos humanos que desplazó al Estado del rol de gendarme para garantizar el derecho de las personas a migrar.