La iniciativa declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026 (prorrogable por un año) y busca asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —de jerarquía constitucional— mediante una serie de medidas normativas, institucionales y presupuestarias. Entre otros puntos, garantiza partidas para incrementar el pago a prestadores de servicios y saldar deudas con enfermeros, acompañantes y transportistas; crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70 % del haber mínimo jubilatorio; actualiza asignaciones a talleres protegidos y refuerza programas de la ANDIS.
Desde su primer debate en el Congreso, la discusión pública sobre el sector de personas con discapacidad cobró centralidad, acompañada por movilizaciones hacia el Congreso y Plaza de Mayo, así como por la masificación de discursos de referentes del sector, personalidades reconocidas y familias, quienes visibilizaron la crítica situación de los trabajadores del área y las dificultades agravadas por el ajuste.
Ahora será el turno del Senado, donde el oficialismo enfrenta un panorama mucho más adverso. Para que el veto sea definitivamente rechazado, se necesita nuevamente una mayoría de dos tercios. Sin embargo, en la sesión del 10 de julio —cuando la ley fue originalmente tratada— la Cámara alta la aprobó por unanimidad, lo que anticipa un posible revés aún más contundente para el Gobierno.