El 4 de septiembre, Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas presuntamente vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la zona. Cuatro días después, el Ejecutivo incorporó otros 15 sujetos a los procedimientos, llevando el total informado a 60.
Además, el Gobierno argentino promovió una denuncia penal contra Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas por su presunta participación en actividades realizadas sin autorización argentina.
La administración de Milei sostiene que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en las aguas circundantes a las Malvinas sin autorización argentina violan la legislación nacional y afectan los derechos soberanos reclamados por el país.
El Reino Unido rechaza esa posición. En su respuesta más reciente, Londres sostuvo que la Argentina no tiene jurisdicción sobre las actividades desarrolladas en las islas y ratificó su respaldo político y diplomático a las empresas que operan allí.