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JUDICIALES El Gobierno amplió las denuncias por Malvinas y sumó a 15 nuevos involucrados

09/09/2026 | 6 visitas

El Gobierno nacional amplió este martes los procedimientos sancionatorios contra personas y empresas vinculadas a actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas. La nueva medida alcanza a 15 sujetos adicionales, que se suman a otros 45 que ya estaban bajo investigación .

La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente y se fundamenta en presuntas infracciones al artículo 2° de la Ley 26.659, que establece restricciones para realizar actividades vinculadas con hidrocarburos en áreas sujetas al reclamo de soberanía argentino sin autorización del país.

Desde el Gobierno señalaron que la ampliación forma parte de un proceso de identificación de los distintos actores relacionados con la explotación de recursos naturales en el área.

Entre los alcanzados por la nueva ronda de sanciones figuran Shlomo Eliahu Holdings Ltda, accionista de Navitas Petroleum LP, de Israel; y cuatro accionistas de Rockhopper Exploration PLC: Abeerden Group PLC y HBOS Investment Fund Managers Ltd, ambas del Reino Unido; SMR Advisors (Monaco) SAM, de Mónaco; y Mizrahi Tefahot Bank Ltd., de Israel. También quedó incluido David Williamson Dobson, accionista y presidente no ejecutivo de Borders & Southern, del Reino Unido.

Las medidas se producen en medio de la escalada diplomática por el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas y desarrollado por compañías que cuentan con permisos otorgados por las autoridades británicas de las islas.

Para la Argentina, esas autorizaciones carecen de legitimidad debido a que se desarrollan sobre recursos que el país considera pertenecientes a su plataforma continental.

Además de los nuevos procedimientos administrativos, el Gobierno anunció una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas al proyecto: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

La presentación judicial fue impulsada por la Cancillería y apunta a determinar si las actividades desarrolladas por esas compañías podrían constituir infracciones a la legislación argentina.

La Oficina del Presidente sostuvo que la ampliación de los expedientes representa una continuidad de la política adoptada por el Gobierno frente a las actividades hidrocarburíferas en la zona.

"La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía", afirmó el Ejecutivo en el comunicado oficial. También reiteró que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes forman parte del reclamo argentino.

El Gobierno aseguró además que apelará a las vías administrativas, diplomáticas y judiciales disponibles para avanzar contra quienes, según su postura, desarrollen actividades sobre esos recursos sin autorización argentina.

La ofensiva argentina se da mientras el Reino Unido mantiene su postura sobre las islas. Ante el Parlamento británico, la ministra Kirsty McNeill afirmó que Londres continuará respaldando a los habitantes del archipiélago y sostuvo que las medidas anunciadas por Milei no modificarán la posición británica sobre la soberanía.

El Gobierno argentino, por su parte, insiste en que su estrategia es de carácter pacífico y diplomático, mientras avanza con sanciones y acciones judiciales vinculadas a la explotación de recursos naturales en el Atlántico

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