Asimismo, se encuentran en evaluación distintas alternativas operativas de emergencia destinadas a minimizar el impacto sobre los usuarios ante una eventual salida de la empresa. El objetivo central es asegurar que los vecinos del Área Metropolitana puedan continuar utilizando el transporte público con la mayor normalidad posible.
De manera paralela, la Provincia analiza las consecuencias administrativas, contractuales y patrimoniales que podrían corresponder en caso de concretarse el abandono del servicio, incluyendo la aplicación de sanciones, ejecución de garantías, reclamos por daños y perjuicios y demás medidas previstas en el marco legal vigente.
El Gobierno recordó además que el contrato de concesión obliga a la empresa a prestar el servicio de manera regular, continua y eficiente, y destacó que durante la vigencia del sistema se implementaron diversas herramientas de acompañamiento para sostener el funcionamiento del transporte público. “La prioridad es la movilidad cotidiana de la gente. Ninguna empresa puede dejar sin transporte a los usuarios. Vamos a defender la continuidad del servicio público y aplicar todas las medidas que correspondan dentro del marco legal”, señalaron desde el Ejecutivo provincial.
Finalmente, se solicita a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno Provincial y de la autoridad competente en materia de transporte, donde se comunicarán oportunamente todas las novedades y medidas que se adopten para garantizar el servicio.