Los hechos ocurrieron en un prostíbulo ubicado en la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde la víctima fue sometida mediante golpes y amenazas. En el juicio, intervino la fiscal federal Josefina Minatta.
La jueza Mariela Emilce Rojas, que integró de forma unipersonal el tribunal, consideró a Cabra como autor de los delitos de promoción y facilitación de la prostitución, agravado por haber mediado engaño y amenaza y trata de personas.
Además, en sintonía con lo solicitado por la fiscal Minatta en su alegato, dispuso una reparación de 65.292.000 pesos en concepto de indemnización integral para la damnificada y ordenó el decomiso y embargo preventivo del local comercial donde se produjo el delito.
Con respecto a ello, consideró que se debía destinar al pago de la indemnización dispuesta y, en caso de existir un remanente, ponerlo a disposición del Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas administrado por el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.