La evidencia disponible muestra que las denuncias falsas constituyen un fenómeno muy poco frecuente. A nivel global, representan menos del 1% de los casos de violencia de género (ONU Mujeres, 2024). En Argentina, menos del 3% de las denuncias penales serían falsas, principalmente vinculadas a delitos económicos (Consejo de la Magistratura, 2025). La realidad o el verdadero problema es que solo el 21% de las mujeres que sufrieron violencia denuncian (Spotlight 2023).
Desde ELA subrayan que el endurecimiento de penas funcionará como un mecanismo de intimidación no solo para las víctimas, sino también para testigos, peritos y profesionales intervinientes, quienes podrían autoexcluirse de los procesos judiciales por temor a represalias legales.
En un escenario donde el silencio ya es la norma, este proyecto busca desalentar la radicación de nuevas denuncias y profundizar la impunidad de los agresores. La organización enfatizó que la aprobación de este proyecto dejará a las mujeres y diversidades expuestas a represalias judiciales, convirtiendo el acto de buscar justicia en un riesgo de quedar tras las rejas por el simple hecho de haber alzado la voz.