Asimismo, según la CGT, la nueva norma vulnera el principio de Progresividad o No Regresión, que impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en derechos laborales adquiridos.
También considera que se viola el Principio Protectorio, basado en la "desigualdad estructural entre empleador y trabajador" y orientado a restituir la equivalencia y evitar abusos sobre la parte más débil. En esa línea, el escrito advierte que se afectan derechos contemplados en el artículo 14 bis, como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a huelga, la negociación colectiva, la libre agremiación, la libertad sindical y la seguridad social, entre otros.
La central cuestionó además aspectos concretos de la reforma. Sostuvo que la normativa permite "jornadas de trabajo de hasta 12 horas, el fin de las horas extras y, consecuentemente, reducción del salario". Asimismo, objetó la eliminación de "sanciones a los empleadores que no pagaron aportes y transgredieron la ley" y la posibilidad de que las indemnizaciones por despido se abonen en cuotas y a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Según la CGT, ese esquema implicaría "costear los despidos con aportes de los propios trabajadores", lo que, afirmó, desfinanciaría la seguridad social. Para la conducción sindical, estos cambios se inscriben en un contexto en el que, como consecuencia de las políticas actuales, "en los primeros dos años de este gobierno se perdieron más de 300.000 empleos".