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NACIONALES Sturzenegger achica el Estado, pero agranda sus oficinas con fondos públicos

18/02/2026 | 9 visitas

“El Coloso” firmó un contrato por $720 millones para mudar Modernización a un edifcio de lujo a pocas cuadras de la Rosada. La decisión contrasta con la línea de “alquiler cero” que promueve la administración libertaria. La interna del Gobierno lo sigue complicado.

Unas oficinas "colosales" Sturzenegger se gastó $720 millones en oficinas ministeriales. (Joaquín Salguero)

Federico Sturzenegger está en el ojo de la tormenta. Las internas del Gobierno, en medio de las negociaciones para aprobar la reforma laboral, no le dan tregua. Mientras el ministro sigue sin explicar por qué la Cancillería le adjudicó un contrato millonario sin licitación a la asociación que dirige su esposa, apareció un nuevo manejo espurio de “El coloso”, como lo llama el Presidente. Esta vez salió a la luz un contrato de alquiler de cuatro pisos y 24 cocheras en el centro porteño que su cartera realizó para agrandar el Estado. El mismo Estado que el propio ministerio proclama trabajar para achicar.

Además de la adjudicación de un contrato millonario que la Cancillería hizo a la asociación que dirige la esposa de Sturzenegger, este jueves la agencia Noticias Argentinas divulgó un nuevo documento. Se trata de una resolución que aparece en el portal ComprAR con fecha del 30 de noviembre del año pasado, en la que se puede ver que el ministerio de Sturzenegger, mientras el gobierno impulsa el “alquiler cero” para las distintas carteras nacionales, alquiló en el centro porteño cuatro pisos y 24 cocheras por 720 millones de pesos.

A esa cifra, además, según explica el texto, se deben sumar los gastos de expensas, electricidad, gas, internet y otros que también se pagan con plata del Estado, es decir, con dinero de las arcas públicas.

60 millones por mes más expensas Cuesta el alquiler para las oficinas de "El Coloso". (ARCHIVO)

Escándalo y reproches

Después de que el ministro “desregulador” salió en los medios de comunicación a defender el descuento de la mitad del salario que sufrirán los trabajadores si se enferman --en caso de que sea aprobada la reforma laboral--, en el círculo íntimo de Milei pusieron el grito en el cielo. Se quejaban de que Sturzenegger “siempre tira una de más”, y les molestó que, al ubicar ese tema en el centro de la agenda, el ministro les trajo problemas incluso con los bloques aliados.

Tras las declaraciones de Sturzenegger a fines de la semana pasada, comenzaron a aparecer documentos en los medios que dejaron al descubierto la doble vara del ministro: mientras habla de los gastos innecesarios que hace el Estado, dice que hay que achicarlo hasta eliminarlo, y también eliminar a todos los que “viven de la teta” de lo público, no hace más que gastar dinero público de forma innecesaria e indiscreta.

En la adjudicación directa por especialidad que hizo la Cancillería a la asociación de su esposa, La Libertad Avanza no permitió la competencia y evitó realizar una licitación pública. La excusa que puso el gobierno para no abrir el juego al libre mercado fue que tenían que contratar sí o sí al instituto de la esposa del ministro porque era “el único capaz de brindar cursos de inglés”. Un argumento insólito porque solo en la Ciudad de Buenos Aires hay decenas de instituciones que pueden ofrecer ese servicio.

Desde la AACI, al día siguiente del escándalo, enviaron una carta a sus empleados a la que pudo acceder este medio. Allí sumaban otro argumento insólito: Decían que habían sido seleccionados por el Estado sin la necesidad de competir con otros institutos porque sus oficinas están ubicadas en la calle Suipacha y quedan “cerca de la Cancillería”.

En los contratos millonarios para alquilar cuatro pisos y 24 cocheras que se conocieron este martes, ocurrió algo similar. Desde el comienzo de la gestión de Milei, la Agencia de Bienes del Estado (AABE), que desde diciembre conduce Tania Alejandra Yedro --pero cuando Sturzenegger hizo la maniobra conducía Nicolás Pakgojz--, comenzó una campaña para deshacerse de la mayor cantidad posible de bienes y terrenos públicos y subastarlos a precios irrisorios para habilitar negocios privados.

Además, en los últimos meses lanzó un programa denominado “Alquiler cero”, para, en teoría, evitar gastos públicos en alquileres que puedan realizar los ministerios.

Sin embargo, es la misma AABE --la que estuvo rematando terrenos, oficinas, edificios y otros bienes del patrimonio nacional desde que asumió Milei--, la que en la resolución argumentó que habilitaba al ministerio de Desregulación para alquilar los inmuebles por 720 millones porque informó “la no disponibilidad de inmuebles del Estado Nacional que encuadren en las características requeridas”.

Desde la Agencia de Bienes del Estado aseguraron que “en función de las características del inmueble mencionadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas que rige la presente contratación, resulta excluyente la elección del mismo, no habiendo sustitutos convenientes para la necesidad de esta Jurisdicción”.

Las oficinas alquiladas por Sturzenegger están ubicadas en la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788 (Diagonal Norte) y se trata de los pisos 3, 4, 5 y 6, más las 24 cocheras en el mismo edificio. Los locatarios son OTOBA S.A y el monto mensual por piso es de 15 millones de pesos. Algunos pisos del mismo edificio están alquilados por el Gobierno de la Ciudad, mediante contrato con la misma empresa.

Sin explicaciones

Sturzenegger sigue en silencio y sin hacer declaraciones sobre el tema que lo tiene en el centro de la agenda. Desde que explotó el conflicto no publicó nada en sus redes sociales, donde suele ser muy activo. El ministro ni siquiera le dio RT al tweet del canciller Pablo Quirno en el que buscó explicar la situación.

El titular de la cartera de Desregulación solo compartió en su cuenta de X un posteo que el ministro de Economía Luis Caputo hizo este martes en el que decía que “Lundin Mining anuncia oficialmente su inversión de 18 mil millones de dólares en los próximos 9 años. Cabe señalar que este proyecto no existiría sin el RIGI”.

De la teta del Estado

Su esposa, Josefina Rouillet, que se desempeña como directora de la Asociación que recibe fondos millonarios por darle clases de inglés a los empleados de la Cancillería, en el pasado ya había sido denunciada por su desempeño como gerenta general del Fondo Nacional de las Artes (FNA). Un puesto que hasta su llegada había sido Ad Honórem.

Si bien el exministro de Cultura Pablo Avelluto no la oficializó en el cargo, ella misma puso en su Linkedin que desempeñó ese rol. Allí ella estaba encargada del manejo operativo y financiero del organismo.

En 2017 Rouillet fue denunciada --junto a la exprimera dama Juliana Awada y el exministro de Cultura Pablo Avelluto-- porque se investigó si, en el marco de las actividades, licitaciones, contrataciones y desembolsos de dinero realizados para la participación del país en una Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO) que se realizó en España ese año se habría generado un fraude o defraudación a la administración pública.

Rouillet se encargó en aquel momento de llevar adelante el proceso de selección que determinó a los diez ganadores de las “Becas Residencia ARCO Madrid”, aunque el presupuesto que se utilizó para pagar las residencias de 30 días cada una en España no fue publicado en el Boletín Oficial, ni a través del Ministerio de Cultura del que dependía el FNA.

Según versiones periodísticas de ese momento los diez artistas seleccionados para exponer en esa feria se destacaban “más por sus vínculos con el poder que por sus obras”. La causa, en tanto, la tuvo el Juez Federal Sebastián Casanello y el fiscal fue Franco Picardi, pero, según supo este diario, no avanzó y fue archivada.

En ese momento, el gobierno de Macri recortaba el presupuesto para PAMI, también para los docentes y científicos, pero quintuplicaba el presupuesto para el Fondo Nacional de las Artes que administraba la esposa de Sturzenegger.

Algo similar ocurre en este momento: El gobierno de la Libertad Avanza ajusta a jubilados, docentes y trabajadores, pero tiene dinero suficiente para que el ministerio de Desregulación alquile cuatro pisos y 24 cocheras en pleno centro porteño y para pagarle 114 millones de pesos al instituto que dirige la esposa de Sturzenegger para dar clases de inglés a los trabajadores de la Cancillería. Que, además, ya manejan a la perfección ese idioma.