La medida fue ordenada por el juez Luis Armella, quien activó más de 30 procedimientos simultáneos en oficinas, estadios y sedes sociales ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
Entre las instituciones alcanzadas figuran Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors, Barracas Central, Banfield, Deportivo Armenio, Acassuso, Brown de Adrogué, Defensores de Glew, Excursionistas, Los Andes, Platense, Temperley, Victoriano Arenas, Deportivo Morón, Sportivo Dock Sud y Estrella del Sur.
La causa se originó a partir de una denuncia de la Dirección General Impositiva contra el financista Ariel Vallejo, señalado como figura cercana al titular de la AFA.
Claudio Tapia y Maximiliano Vallejo, dueño de Sur Finanzas.
Según la presentación, Sur Finanzas habría canalizado movimientos por unos $818.000 millones mediante su plataforma "Sur Finanzas PSP", involucrando a monotributistas sin capacidad económica, emisores de facturas apócrifas y personas no categorizadas. Ese patrón encendió alertas por posibles maniobras de lavado.
Los investigadores también aportaron un listado con transferencias sospechosas vinculadas a unas 250 personas jurídicas. Entre los clubes con cifras identificadas aparecen San Lorenzo, encabezando el ranking con alrededor de $660 millones, Argentinos Juniors con unos $200 millones y Racing con poco más de $100 millones. Otras instituciones mencionadas no tienen aún montos determinados, especialmente las del Ascenso.