Y agregó que “se persiguen dos grandes aspectos: el consumo sostenido daña las capacidades cognitivas y altera las funciones y un cargo público requiere integridad para afrontarlo. Y por otro lado es un tema de seguridad pública porque para procurarse cocaína o marihuana el funcionario tiene que ir a comprarlas a un delivery, kiosco o búnker. Y al otro día iría a su despacho como que no pasó nada. Esto claramente es incompatible con el ejercicio de la función pública”.
Los análisis, que correrían por cuenta de un privado y que no significarían un gasto para los vecinos, se realizarían cada dos años. En caso de dar con un test positivo la intención inmediata es que el dirigente en cuestión ingrese a un programa de asistencia para el consumo.
Ahora habrá que ver si en comisión se resuelve ir por más como busca el edil socialista Federico Lifschitz que, a través de su iniciativa, extiende la obligatoriedad a autoridades de entes descentralizados y autárquicos como directores, subdirectores y Jueces del Tribunal Municipal de Faltas.