Los funcionarios públicos están obligados por la Ley de Etica a declarar sus bienes, los de su cónyuge y los de hijos menores. Eludir datos en una declaración jurada puede convertirse en delito si frente a intimaciones la omisión continúa. Es una variante del enriquecimiento ilícito llamada “omisión maliciosa” y prevé hasta dos años de prisión. La OA puede intimar, sancionar y/o denunciar. En enriquecimiento en sí es un delito más grave, que prevé seis años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, cuando la persona investigada no puede explicar el origen de sus bienes y sus gastos. En esto consiste la mayor parte de la causa sobre los bienes de Adorni y el cambio ostensible en su nivel de vida desde que es funcionario. Es decir, se analizan los inmuebles que compró, cómo los adquirió y también sus gastos. Pero deberá poder explicar cada cosa: cómo logra pagar los inmuebles (compró Caballito e Indio Cuá desde que llegó el gobierno libertario), los pasajes en primera clase como la vuelta desde Nueva York con su esposa, las vacaciones en Aruba en un all inclusive, y en Punta del Este donde viajó en avión privado. En este último caso, donde se sabe que el avión costó cerca de 9000 dólares ida y vuelta, hasta ahora todas las explicaciones le resultan problemáticas: si pagó él debe decir cómo hizo y si pagó su amigo Marcelo Grandio, que dijo que lo invitó, podría ser considerado una dádiva, ya que obtuvo al menos seis contratos con los medios públicos, bajo esfera de decisiones de Adorni.