La resolución también recuerda que la legislación vigente reconoce a las personas privadas de su libertad el derecho a comunicarse periódicamente con familiares, amigos, allegados, abogados y organismos vinculados con su reinserción social. Sin embargo, la Ley 24.660 establece expresamente la prohibición de realizar comunicaciones telefónicas mediante equipos o terminales móviles dentro de las cárceles y prevé la instalación de mecanismos tecnológicos destinados a impedirlas.