En la supresión de la EEA AMBA y de sus unidades dependientes, evaluó el magistrado, se evidencia “la vulneración de derechos y garantías laborales vigentes en tanto se trasgrede de forma manifiesta el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales reconocidos a los trabajadores estatales, al sustraerlos del ámbito de protección de las Convenciones Colectivas de Trabajo vigentes y al interferir arbitrariamente en cuestiones que, por su naturaleza, deben resolverse en el marco de la negociación colectiva y de los regímenes estatutarios respectivos”.