Desde el Gobierno sostienen que los cambios buscan simplificar procedimientos, promover la formalización del empleo y adaptar la legislación a las nuevas dinámicas del mercado laboral.
Sin embargo, varios de los puntos vinculados al financiamiento sindical, la representación gremial y la tutela sindical ya generan cuestionamientos y prometen abrir una nueva discusión entre el Ejecutivo, los sindicatos y distintos sectores políticos sobre el rumbo de las relaciones laborales en Argentina.