El crecimiento económico de la AFA tras el Mundial de Qatar aparece en el centro de la escena. El organismo busca establecer si el aumento de ingresos por derechos televisivos, contratos comerciales y premios deportivos estuvo acompañado por mecanismos adecuados de control y rendición.
En paralelo, se abrió una disputa por la jurisdicción. La AFA sostiene que trasladó su domicilio a la provincia de Buenos Aires, lo que implicaría quedar bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense. La IGJ, en cambio, considera que la sede real sigue en la Ciudad de Buenos Aires y mantiene su competencia.
El informe final de los veedores será clave. Si se confirman irregularidades, el organismo podrá avanzar con sanciones administrativas o medidas más severas.