Durante 2025, la estrategia arancelaria incluyó recargos de hasta 10 por ciento para numerosos socios y amenazas más severas para economías específicas. El argumento oficial combinaba protección industrial y fortalecimiento fiscal. Sin embargo, estudios de la Reserva Federal de Nueva York mostraron que entre 86 y 90 por ciento del costo de los aranceles fue absorbido por consumidores y empresas estadounidenses. La Tax Foundation estimó que implicaron un costo adicional de 1000 dólares por hogar en 2025 y que podrían sumar otros 1300 en 2026.
Lejos de corregir el desequilibrio externo, el déficit comercial estadounidense se amplió a 901.500 millones de dólares en diciembre, uno de los niveles más elevados desde 1960. Ese dato alimentó críticas internas sobre la eficacia de la estrategia proteccionista y reforzó el argumento de que los aranceles funcionaron, en los hechos, como un impuesto interno.
Para la Argentina, el escenario que se abre es de revisión. Si el Congreso de Estados Unidos no restablece un esquema similar bajo otra base legal, el acuerdo bilateral deberá redefinirse o perderá parte de su contenido práctico. Si, en cambio, la Casa Blanca intenta reinstalar gravámenes por otras vías, la incertidumbre podría prolongarse.
En cualquier caso, el fallo introduce un factor de fragilidad en la relación comercial. La principal concesión arancelaria obtenida por Buenos Aires queda en suspenso y obliga a recalcular la estrategia de inserción en el mercado norteamericano. En un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas y reconfiguración de cadenas de valor, la decisión judicial en Washington redefine el marco en el que la Argentina negocia, exporta y proyecta su política comercial.