Sin embargo, según la acusación, el programa se convirtió en un mecanismo para el desvío de fondos públicos. En esa línea, el fiscal Osorio estimó que, entre 2010 y 2015, las maniobras fraudulentas generaron un perjuicio económico al Estado por más de 131 millones de pesos. Entre las irregularidades detectadas, se destaca el uso de cheques de pago diferido que terminaban en cuevas financieras, ya que los clubes necesitaban liquidez inmediata, beneficiando a entidades privadas.