Durante el concurso se recibieron adhesiones e impugnaciones, algunas de las cuales fueron aceptadas y otras rechazadas, tras entrevistas y análisis documentales.
Las evaluaciones incluyeron la valoración de formación académica, experiencia profesional, trayectoria en derechos humanos y la presentación de un Plan Estratégico de Gestión, además de entrevistas personales y defensa oral de propuestas.
El Tribunal resaltó que la integración final asegura la representación de pueblos originarios, la equidad de género y una distribución regional equilibrada, además de priorizar perfiles con integridad ética, compromiso democrático y amplia trayectoria en defensa de los derechos humanos.